La franquicia IVA puede convertirse en una ventaja para una parte del trabajo autónomo, pero también abre riesgos relevantes para quienes soportan más gastos o necesitan invertir. UPTA sitúa el impacto potencial de esta medida en distintos perfiles del colectivo.
La posible implantación de este sistema en España reabre el debate sobre su encaje en un tejido autónomo muy diverso. Para la organización, la reforma debe abordarse con equilibrio y con una visión global del sistema fiscal para evitar desequilibrios entre sectores.
UPTA calcula que en torno a 5.000 autónomos en Cantabria podrían acogerse a este régimen, sobre todo profesionales con baja estructura de costes y escaso volumen de gastos deducibles. Entre ellos figuran perfiles como profesionales liberales, autónomos del ámbito digital o actividades de servicios con poca inversión inicial.
La principal ventaja que identifica la organización está en la simplificación de las obligaciones fiscales y en la reducción de cargas administrativas para quienes apenas soportan gastos. Sin embargo, el sistema impide deducir el IVA soportado, un límite que puede elevar los costes en actividades con más inversión o con un volumen significativo de compras.
La franquicia IVA amenaza con alterar módulos y cambiar el marco fiscal
UPTA recuerda además que se trataría de un régimen voluntario, de modo que cada autónomo tendría que valorar si le compensa en función de su situación económica. Sectores como el comercio, la hostelería, el transporte o los oficios tradicionales podrían quedar en peor posición al perder la posibilidad de deducir ese impuesto.
La organización también alerta de un posible efecto de contención del crecimiento, al favorecer que algunos profesionales limiten su facturación para no superar los umbrales fijados. A ello se suma el impacto que esta implantación tendría sobre el actual sistema de módulos, con consecuencias para cientos de miles de autónomos que deberían adaptarse a un nuevo escenario fiscal.
UPTA reclama una reforma con mayor equidad entre autónomos y sociedades
Eduardo Abad, presidente de UPTA, sostiene que la implantación de este modelo supondría en la práctica el fin del sistema de módulos y un cambio profundo para muchos trabajadores por cuenta propia. La organización defiende que la prioridad debe pasar por equiparar los beneficios fiscales entre autónomos y sociedades para reforzar la competitividad y la sostenibilidad del sector.
El análisis de UPTA plantea así un escenario con ventajas claras para determinados perfiles, pero también con riesgos de fondo para actividades con más costes, más inversión y menor margen de maniobra fiscal.
