ANPE Cantabria ha rechazado las declaraciones del consejero de Educación sobre el traslado de ciclos formativos del IES José del Campo y ha considerado que no se ajustan a los hechos conocidos por la organización sindical.
El sindicato recuerda que el 27 de abril solicitó una reunión para conocer si existían planes para trasladar estos ciclos a una fundación privada. Según ANPE, la Dirección General de Formación Profesional respondió el 30 de abril negando expresamente la existencia de cualquier traslado.
La organización sostiene, sin embargo, que la decisión no fue comunicada oficialmente al centro hasta el 28 de mayo y que el compromiso de mantener las enseñanzas dentro de la red pública no llegó por escrito hasta el 1 de junio, después de que el sindicato denunciara públicamente la situación. ANPE asegura que no entiende que la primera opción sea trasladar las enseñanzas a una entidad privada en lugar de buscar alternativas en instalaciones públicas.
ANPE reclama garantías para el IES José del Campo y el regreso de los ciclos
El sindicato también considera inexacta la afirmación de que los docentes no participarán en el traslado, ya que, según señala, será el equipo directivo del centro, integrado por docentes en activo, el que deberá coordinar el desmontaje y traslado de maquinaria y equipamientos.
ANPE insiste en que su actuación responde a la defensa de la educación pública y a la exigencia de transparencia. En este sentido, cuestiona por qué no se han buscado alternativas en instalaciones públicas y por qué los representantes de los trabajadores y la comunidad educativa no fueron informados de unas actuaciones que, según la propia Administración, llevaba tiempo estudiando.
La organización recuerda que la función de un sindicato es fiscalizar la actuación de la Administración, defender al profesorado y exigir información y garantías en las decisiones que afectan a los centros educativos públicos. A su juicio, criticar la gestión de este proceso no supone atacar la educación pública, sino ejercer su labor sindical.
ANPE considera además contradictorio que la Consejería justifique sus actuaciones apelando a problemas conocidos desde hace 17 años. El sindicato sostiene que, si esas deficiencias existían, era responsabilidad de la Administración resolverlas, sin que ello impida exigir mejor planificación, transparencia y rendición de cuentas.
Por último, ANPE exige al consejero un compromiso por escrito de inversión para reparar y mejorar las instalaciones del IES José del Campo, así como garantías de que las enseñanzas afectadas regresarán al centro público “del que nunca debieron salir” en el menor plazo posible.
