La Junta de Personal Docente de Cantabria reclama a la Consejería de Educación que retome de inmediato la negociación sobre la reducción de ratios, la carga burocrática y la regulación de las actividades extraescolares, tras denunciar el incumplimiento del cronograma pactado en noviembre de 2023.
La Junta de Personal Docente de Cantabria considera imprescindible continuar la negociación con la Consejería de Educación para abordar problemas que, según señala, afectan al sistema educativo público de la comunidad.
Entre las cuestiones prioritarias, el órgano docente sitúa la reducción de ratios en todos los niveles educativos, la disminución de la carga burocrática que soportan los centros y el profesorado, y una regulación clara de las actividades extraescolares.
La Junta recuerda que en noviembre de 2023 pactó con la Consejería de Educación un cronograma de negociación que incluía estas materias y sostiene que ha sido “sistemáticamente incumplido” por la Administración. También afirma que la legislatura está a punto de finalizar con un resultado “muy pobre” en el saldo de la Consejería.
Principales reclamaciones de la Junta de Personal Docente
En materia de ratios, la Junta reivindica una reducción generalizada del número de alumnos y alumnas por aula como medida para mejorar la calidad educativa y las condiciones de trabajo del profesorado.
Entre sus demandas figuran disminuir el número máximo de estudiantes por clase en todas las etapas educativas, favorecer una atención más individualizada, mejorar la inclusión educativa, reforzar la convivencia en las aulas e incrementar los recursos humanos y las plantillas docentes.
La Junta también reclama priorizar la bajada de ratios en centros con mayor complejidad educativa y necesidades específicas, aprovechar el descenso demográfico para consolidar grupos más reducidos en lugar de eliminar unidades educativas, y garantizar que la reducción se aplique de forma estructural y no como una medida temporal.
Sobre la carga burocrática, pide eliminar trámites, informes y procedimientos redundantes o innecesarios, simplificar la documentación y las plataformas digitales utilizadas en los centros, y reducir el exceso de tareas administrativas que recaen sobre el profesorado.
El órgano docente reclama además recuperar tiempo para la atención directa al alumnado, la preparación de clases y la coordinación pedagógica, así como dotar a los centros de más personal administrativo y de apoyo.
También solicita evitar nuevas obligaciones burocráticas sin recursos ni tiempo específico, garantizar que cualquier proceso de evaluación o seguimiento tenga una utilidad pedagógica real y mejorar las condiciones laborales del profesorado para evitar la sobrecarga y el desgaste profesional.
En cuanto a las actividades extraescolares, la Junta reivindica el reconocimiento y la protección de la labor que realiza el profesorado, especialmente en aquellas actividades que implican viajes y responsabilidades fuera del horario lectivo.
En concreto, reclama una regulación clara que contemple el reconocimiento del esfuerzo y la responsabilidad asumida por los docentes, dietas de manutención, reducción horaria por el trabajo realizado fuera de la jornada laboral, medidas de compensación laboral y conciliación, y mayor respaldo institucional ante situaciones conflictivas o campañas de desprestigio.
La Junta también defiende la puesta en valor de las actividades complementarias y extraescolares como parte esencial de la formación integral del alumnado.
Según expone el órgano docente, durante el mes de marzo solicitó en varias ocasiones por correo electrónico una reunión con el consejero. Además, el 28 de abril entregó personalmente una petición formal y el 12 de mayo registró de nuevo la solicitud por vía electrónica, sin haber recibido respuesta por parte de la Consejería.
La Junta considera insuficiente el reciente anuncio de la presidenta del Gobierno de Cantabria sobre la reducción de ratios únicamente en 4º de Primaria. A su juicio, la medida no alcanza al conjunto de niveles educativos ni está avalada por un acuerdo o una norma que garantice su cumplimiento efectivo.
El comunicado sostiene que la decisión queda sujeta a la arbitrariedad de la Administración al no fijar criterios objetivos que aseguren su aplicación en todos los grupos. La Junta llega a calificar el anuncio como “un mero anuncio propagandístico” y afirma que “esta no es forma de gobernar ni de planificar una política educativa seria y estable”.
Por ello, exige la firma de un acuerdo con los representantes legítimos de los docentes para blindar el cumplimiento de estas medidas. La Junta recuerda, además, que presentó durante las negociaciones iniciadas el curso pasado una propuesta concreta para la reducción de ratios.
Según el órgano docente, la negociación sobre esta cuestión fue paralizada unilateralmente por la Consejería a principios de 2025, lo que impidió avanzar en una solución negociada y global para todos los niveles educativos.
La Junta de Personal Docente de Cantabria asegura que sigue apostando por el diálogo, el entendimiento y el mantenimiento de un clima adecuado de negociación. No obstante, advierte de que, si persisten la falta de respuesta y de voluntad negociadora por parte de la Administración, se reserva la posibilidad de emprender las acciones que considere oportunas en defensa de la educación pública y de las condiciones laborales del profesorado.
Asimismo, advierte de que el inicio del curso 2026-2027 podría verse seriamente complicado si la Consejería pretende repetir una estrategia basada en dilatar intencionadamente los procesos de negociación.
