Podemos Cantabria denuncia que el Grupo Popular pretende introducir en la Ley de Vivienda una modificación del Plan de Ordenación del Litoral (POL) para crear una nueva Actuación Integral Estratégica Productiva (AIEP), denominada SOLÍA, de más de 62 hectáreas, en un ámbito donde están previstas las fases 2 y 3 del proyecto Altamira, promovido por Stoneshield. La formación considera «especialmente grave» que una modificación de esta dimensión territorial se incorpore mediante una enmienda a una ley cuyo objeto debería ser garantizar el derecho a la vivienda.
Según informa la formación, el PP ha presentado una serie de enmiendas al proyecto de Ley de Vivienda que incluyen importantes modificaciones de la legislación urbanística, entre ellas cambios en el régimen de los PSIR y una ampliación del catálogo de actuaciones permitidas en suelo rústico.
Pero hay una especialmente llamativa: la modificación del Plan de Ordenación del Litoral (POL) para incorporar una nueva Actuación Integral Estratégica Productiva (AIEP) denominada SOLÍA, con una superficie aproximada de 620.995 metros cuadrados, en el entorno de El Astillero, Piélagos y Villaescusa. La actuación pretende ampliar el espacio destinado a suelo productivo en el entorno de los polígonos de Morero y Guarnizo y permitir el desarrollo del futuro PSIR Federico Cobo-Solía.
Una modificación que adquiere especial relevancia porque el propio Gobierno de Cantabria ha señalado que en este futuro ámbito están previstas las fases 2 y 3 del Campus Tecnológico de Centros de Datos Altamira, promovido por Stoneshield. Sin embargo, el consejero de Industria, Eduardo Arasti, afirmó al anunciar la modificación del POL que esas dos fases, con una superficie prevista de 261.860 metros cuadrados, podrían desarrollarse en el PSIR previsto sin necesidad de modificar el POL, ya que dicho ámbito tendría 433.260 metros cuadrados y, según sus propias palabras, «sobra espacio».
Para Pablo Gómez, responsable de defensa del territorio de Podemos Cantabria, «Jamás nos hubiéramos imaginado que una ley que debería facilitar el acceso a la vivienda se utilizaría para cargarse el POL en Solía. ¿Qué pinta crear más de 62 hectáreas de suelo industrial dentro de una Ley de Vivienda y, sobre todo, quién se beneficia de ello además de Stoneshield?».
Según Gómez, «El PP traspasa todos los límites cuando utiliza una ley que debería servir para garantizar el derecho a la vivienda para modificar el planeamiento territorial de Cantabria y abrir la puerta a una actuación industrial de más de 62 hectáreas. Estamos hablando de una transformación de enorme dimensión territorial que nada tiene que ver con facilitar el acceso a una vivienda».
El precedente de VIPAR
Podemos considera especialmente importante analizar el precedente de la primera fase de Altamira. El pliego técnico de 2021 para la redacción del PSIR del Parque Empresarial VIPAR explicaba que las Actuaciones Integrales Estratégicas Productivas del POL respondían a la necesidad de ampliar la oferta de suelo industrial y que el PSIR era el instrumento mediante el cual se podía producir la conversión de suelo rústico en suelo urbanizable de uso industrial.
Aquel PSIR se planteó inicialmente sobre unos 371.000 metros cuadrados e incluía el documento de planeamiento, el proyecto de urbanización, el estudio ambiental estratégico y las conexiones con las redes exteriores. Posteriormente, SEPIDES y SICAN autorizaron la venta a Stoneshield de los terrenos de VIPAR destinados a la primera fase de Altamira por 9.492.450 euros, IVA incluido.
En el caso de las fases 2 y 3, la propia planificación publicada por SODERCAN situaba la aprobación del PSIR en 2027 y la adquisición de los terrenos en 2028. Para Podemos, este precedente demuestra que las decisiones sobre el planeamiento y la transformación del suelo tienen consecuencias económicas importantes y deben ser objeto de máxima transparencia: «No se puede planificar el territorio vía enmienda a la Ley de Vivienda».
La formación reclama al Gobierno que explique quiénes son los actuales propietarios de los terrenos afectados por la nueva AIEP SOLÍA y qué aprovechamientos urbanísticos tendrán después de la modificación del POL y del posterior desarrollo del PSIR.
«El planeamiento urbanístico genera valor. Por eso queremos saber quién tiene hoy los terrenos de Solía, qué posibilidades urbanísticas tienen actualmente y qué posibilidades tendrán después de esta modificación. Queremos saber quién asumirá las cargas de urbanización y quién podrá beneficiarse de los nuevos aprovechamientos», señala Pablo Gómez.
«Una actuación de más de 62 hectáreas, vinculada a un ámbito en el que están previstas las fases 2 y 3 de un proyecto de 3.600 millones de euros, exige conocer todos los datos antes de aprobarse. Queremos saber quiénes son los propietarios actuales de esos terrenos, qué cambios de titularidad se han producido, qué aprovechamientos urbanísticos tienen hoy y cuáles tendrán después de la modificación del POL. Porque el planeamiento genera valor y los ciudadanos tienen derecho a saber a quién beneficia esta operación. Y, desde luego, lo que estamos denunciando no tiene nada que ver con facilitar el acceso a la vivienda y no pinta nada en esta ley».
«Una Ley de Vivienda no puede ser un cajón de sastre»
Para Podemos, el problema no es únicamente el contenido de la modificación, sino también el procedimiento elegido. «Una Ley de Vivienda debería hablar de vivienda pública, alquileres asequibles, vivienda vacía y de cómo garantizar que la gente pueda acceder a una vivienda digna. No puede convertirse en un cajón de sastre para introducir modificaciones del planeamiento territorial de esta dimensión».
«Si todo responde al interés general, no debería haber ningún problema en enseñar toda la documentación. Lo que no entendemos es que una ley que debería facilitar el acceso a la vivienda se utilice para modificar el POL y crear más de 62 hectáreas de suelo industrial. Y cuando además hablamos de un ámbito en el que están previstas las fases 2 y 3 de Altamira, promovido por Stoneshield, las preguntas son inevitables», concluye Pablo Gómez.
Fuente: Podemos Cantabria
