El consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media, ha denunciado hoy la ocupación ilegal de una de las tres viviendas públicas que hace unos meses fueron rehabilitadas por Gesvican en Orejo, en el municipio de Marina de Cudeyo, y cuya adjudicación estaba prevista en las próximas semanas mediante sorteo entre las 95 personas inscritas en este proceso.
Media ha explicado que, tras conocer la situación ayer por la tarde, se puso en contacto tanto con el alcalde del municipio, Pedro Pérez, como con el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, para solicitar la intervención de la Policía Local y la Guardia Civil “y desalojar inmediatamente a los ocupas”. Sin embargo, ha calificado de “absolutamente decepcionante” la respuesta recibida, al asegurar que ambos han manifestado la imposibilidad de actuar “porque no saben cuándo entraron ni si existe delito flagrante”, tal y como recoge la ley estatal.
El Ejecutivo autonómico ha presentado la correspondiente denuncia ante la Guardia Civil para iniciar el proceso de desalojo, un asunto que, según ha asegurado, “desgraciadamente tardará más tiempo del que nos gustaría”.
No obstante, ha exigido a Casares que actúe “de forma rápida y urgente” para devolver estas viviendas, propiedad del Gobierno de Cantabria, a aquellas personas que lo habían solicitado, que tenían derecho a ellas y que habían actuado “de buena fe”.
«La ocupación de viviendas públicas afecta a las familias con derecho a ellas»
“Son familias que habían visto la oportunidad de acceder a una vivienda digna a un precio asequible y que ahora se van a quedar en la calle porque se la han ocupado y no podemos hacer nada para echarles”, ha asegurado.
El consejero ha recordado que estas tres viviendas, en las que el Ejecutivo invirtió 265.000 euros cofinanciados con fondos europeos, estaban totalmente acabadas, cuentan con cocina y “altísimas calidades” y estaban completamente preparadas para su entrega.
Una ley que protege al okupa
Durante su intervención, el consejero ha criticado la actual ley estatal de vivienda, que “protege al delincuente, al okupa, y deja absolutamente abandonado al propietario, que en este caso es el propio Gobierno de Cantabria”.
“Necesitamos cambiar esta ley. La propiedad privada es sagrada y también la del Gobierno de Cantabria”, ha afirmado, al tiempo que ha asegurado que no se puede permitir que personas “sin ningún tipo de derecho ocupen bienes públicos destinados a quienes realmente los necesitan”.
Por ello, ha reiterado la necesidad de derogar esta norma estatal y dotar a las fuerzas y cuerpos de seguridad de las herramientas necesarias para proceder al desalojo de los ocupantes ilegales.
Por último, ha asegurado que la Ley de Vivienda de Cantabria, actualmente en tramitación, dispone de medidas en este ámbito, entre las que ha destacado la oficina de apoyo a las víctimas de la ocupación y la inquiocupación.
Otras ocupaciones de viviendas públicas
“Se acabó el cuento de decir que en Cantabria no hay ocupación”, ha expresado, en referencia a casos similares que también han afectado a inmuebles del parque público de vivienda.
En concreto, ha señalado que, desde 2021, el Gobierno autonómico ha presentado siete denuncias ante la Guardia Civil de Santoña por la ocupación de ocho viviendas en Argoños, con sentencia de derribo desde 2022. Pese a ello, ha asegurado que no ha sido posible desalojarlas, una situación que ha vuelto a atribuir a la actual ley de vivienda.
Asimismo, ha lamentado que los juzgados han llegado a dar la razón a los okupas al considerar que no existía vocación de permanencia, al tratarse de ocupaciones rotatorias y sin estancia fija, lo que ha impedido su desalojo.
El consejero ha añadido que también se han producido intentos de ocupación en viviendas públicas en Cerrias, en el municipio de Piélagos, que en este caso han podido evitarse. No obstante, ha advertido de que estos episodios han obligado al Ejecutivo a contratar servicios de vigilancia y seguridad, con el consiguiente gasto público.
Una situación que se ha repetido en las viviendas de sustitución en Arnuero, ya finalizadas, donde se ha tenido que recurrir a una empresa de seguridad tras varios intentos de ocupación, lo que ha supuesto un coste de 250.000 euros de dinero público.
Fuente:Gobierno de Cantabria
