El Ayuntamiento de Piélagos ha adjudicado la demolición de 17 viviendas ubicadas en el barrio La Caseta de Liencres, en las inmediaciones de la playa de Cerrias, todas ellas afectadas por sentencia firme de derribo dictada por el Tribunal Supremo en el procedimiento ordinario 001721/1996.
La actuación se ha dividido en dos contratos. Por un lado, Palomera Obras y Proyectos S.L. será la encargada de ejecutar el derribo de seis viviendas por un importe de 69.135,87 euros (IVA incluido). Por otro, RUCECAN S.L. asumirá la demolición de once viviendas restantes, con un presupuesto de 126.083,37 euros. En conjunto, el coste de estas actuaciones asciende a 195.219,24 euros.
Desde el Consistorio se ha trasladado la documentación correspondiente a la Plataforma de Contratación del Sector Público, donde consta la adjudicación y las condiciones de ejecución. No obstante, estos importes solo corresponden a los derribos, quedando pendientes las indemnizaciones a los propietarios, que superarán los tres millones de euros para las 17 viviendas afectadas.
El derribo cumple las sentencias firmes del Supremo en Cerrias
El Ayuntamiento dispone de un fondo de derribos dotado con 500.000 euros anuales, pero la cuantía es insuficiente para hacer frente a las obligaciones derivadas de este proceso y de otros en curso. En Cerrias I, Cerrias II, Entrelindes y L-05 existen alrededor de 80 viviendas más con sentencia firme de demolición, lo que podría incrementar de forma considerable el gasto municipal en los próximos años.
Desde Alternativa Vecinal, su portavoz Luis Sañudo ha criticado la gestión del equipo de gobierno y ha calificado de “táctica kamikaze” el uso del remanente de 5 millones de euros, al considerar que deja las arcas municipales sin margen frente a las importantes obligaciones financieras que se avecinan. Sañudo también ha recordado que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que en su día el alcalde Caramés señaló como vía para legalizar algunas viviendas, fue rechazado por la CROTU en julio de 2023 y actualmente se encuentra paralizado.
Para Alternativa Vecinal, la situación exige transparencia y un periodo de información pública que permita a los vecinos conocer el estado de la tramitación urbanística. Mientras tanto, el municipio afronta un escenario complejo marcado por el cumplimiento de sentencias judiciales y la necesidad de atender indemnizaciones millonarias, en un contexto en el que los derribos se suceden en distintas urbanizaciones de Piélagos.
