Podemos Cantabria ha advertido de nuevas irregularidades en la tramitación de proyectos de energía renovable tras detectar una fragmentación de contratos en los parques eólicos PE Las Américas 3 y PE Las Américas 16, ambos con una potencia de 49,99 megavatios, justo por debajo del límite de 50 MW que establece la competencia estatal.
Según la formación morada, ambos proyectos están impulsados por la misma empresa, registrada bajo diferentes CIF, y forman parte de un entramado empresarial que supera las 500 sociedades con idéntico nombre y sede social. A juicio de Podemos, esta estrategia persigue dividir artificialmente proyectos de gran envergadura para evitar la supervisión del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).
Podemos alerta de una estrategia para dividir proyectos y eludir controles
La organización sostiene que esta práctica constituye un fraude de ley, al permitir eludir la evaluación ambiental ordinaria y reducir la transparencia en los procedimientos. Además, la fragmentación impediría un análisis global de los impactos acumulativos sobre el medio ambiente y la población afectada, lo que limita la participación ciudadana y la capacidad de los municipios para evaluar las consecuencias de forma completa.
Podemos Cantabria subraya que esta situación no es un hecho aislado, sino un patrón cada vez más frecuente en proyectos energéticos tanto en Cantabria como en otras comunidades autónomas. Por ello, advierten de que, si los parques eólicos salen adelante en estas condiciones, iniciarán acciones legales contra la empresa promotora y contra el Gobierno de Cantabria para garantizar la protección del interés público.
Desde la formación también alertan de la inseguridad jurídica que estas prácticas generan en los vecinos y ayuntamientos afectados, obligados a presentar consultas y alegaciones por separado en lugar de disponer de una visión unificada del proyecto.
Ante esta situación, Podemos reclama al MITECO y al Ejecutivo regional que revisen y unifiquen los expedientes de proyectos fragmentados, reforzando la transparencia administrativa y aplicando con rigor la normativa vigente. Su objetivo, señalan, es asegurar que ninguna instalación de gran envergadura pueda evitar la evaluación ambiental completa ni la supervisión ministerial.
