Podemos Cantabria ha presentado una denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente por la presunta fragmentación artificiosa de cuatro parques eólicos promovidos por Green Capital Power S.L. Los proyectos señalados son Cotío, Morosos, Henestrosas y Ornedo, ubicados en los municipios de Campoo de Enmedio, Valdeolea, Valdeprado del Río y Valderredible.
La formación sostiene que estos parques comparten infraestructura de evacuación, planificación conjunta y un funcionamiento interdependiente. Sin embargo, expone que han sido tramitados como expedientes independientes, con potencias por debajo del umbral de 50 MW, un límite que marca diferencias en la tramitación y en la competencia administrativa.
Podemos afirma que las propias resoluciones administrativas del Gobierno de Cantabria reconocerían esa conexión entre proyectos. Además, señala que la Declaración de Impacto Ambiental conjunta publicada en el Boletín Oficial de Cantabria establece literalmente que los parques Morosos, Henestrosas y Ornedo forman “un único complejo productivo de energía eólica”, y recoge una potencia total conjunta de 62,365 MW, por encima del límite que atribuye la competencia exclusiva al Ministerio para la Transición Ecológica.
Podemos pide aclarar si la tramitación separada afectó a los controles en parques eolicos
A lo anterior, Podemos añade el parque Cotío, autorizado recientemente con una potencia de 17,325 MW, que según la denuncia comparte también tramos de evacuación y acuerdos técnicos con los demás proyectos, reforzando la idea de unidad funcional. “Si la propia Administración reconoce que se trata de un único complejo de más de 60 MW, no tiene ningún sentido que se tramite por separado. Esto podría suponer un fraude de ley destinado a evitar la evaluación ambiental conjunta y a eludir la competencia estatal”, ha afirmado Pablo Gómez, responsable de Medio Ambiente de Podemos Cantabria.
En su escrito, la formación solicita que la Fiscalía determine si la presunta fragmentación de los parques eólicos ha servido para esquivar la evaluación ambiental conjunta que exige la Ley 21/2013. También pide que se investigue si esa división habría permitido eludir la competencia estatal reservada a proyectos que superan los 50 MW.
Podemos apunta a un posible uso instrumental de la fragmentación por parte del promotor y plantea que la actuación administrativa podría encajar en un supuesto fraude de ley o incluso prevaricación, en función de lo que determinen las diligencias.
La formación subraya que, a su juicio, este caso reproduce un patrón similar al que ya denunció en Cantabria con los parques Las Américas: un proyecto industrial dividido en varias partes para sortear controles ambientales y administrativos más exigentes. Podemos insiste en que su postura no es contraria a la energía eólica, sino a un modelo que, según defiende, trocea macroproyectos para rebajar controles y minimizar su impacto real. “La transición energética no puede basarse en trampas administrativas”, concluyó Pablo Gómez.
