La portavoz del PRC en el Ayuntamiento de Piélagos, Susana Iglesias, ha acusado de «negligencia» al alcalde, Carlos Caramés (PP), por permitir una explotación maderera «sin control» en el entorno del barrio Las Fuentes de Barcenilla, por donde circulan a diario vehículos de gran tonelaje que «ponen en riesgo la seguridad y el bienestar de los vecinos».
Iglesias ha denunciado que esta situación se produce tras una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria que ha anulado en su integridad la ordenanza reguladora de la actividad extractiva de la madera, aprobada en mayo de 2024, por graves defectos en su tramitación, y ha condenado al Ayuntamiento al pago de las costas judiciales.
Según ha explicado la regionalista, el Ayuntamiento eludió el informe técnico-jurídico en el momento de aprobar inicialmente la ordenanza y lo elaboró a posteriori, una vez concluido el trámite de alegaciones, por lo que las empresas afectadas recurrieron a la vía judicial y lograron la anulación de la ordenanza, que las obligaba al pago de una fianza para responder de posibles daños en el desarrollo de su actividad, como está ocurriendo en Barcenilla.
«El equipo de Gobierno de Piélagos ha actuado sin garantías, sin transparencia y sin prever las consecuencias de sus actos y las consecuencias las están pagando los vecinos, que están viendo atropellados sus derechos», ha denunciado.
Iglesias ha culpado por ello a Caramés de la situación que vive el barrio de Las Fuentes, convertido en «vía de tránsito de los camiones que realizan la extracción maderera» pese a ser una zona residencial, y que está sufriendo desde «hundimientos a daños graves en el firme y la estructura de las calles, deterioros y fisuras en las viviendas, reventones en la red de evacuación de aguas pluviales y acumulación de suciedad, con lo que el entorno se está viendo completamente degradado».
El PRC acusa de negligencia al alcalde de Piélagos, Carlos Caramés
Asimismo, ha condenado que la respuesta a este «desastre» sea «el silencio, la inacción y el abandono de los vecinos que lo están sufriendo, sin que nadie asuma responsabilidades». «No se puede jugar así con la calidad de vida de los vecinos, después de cometer una chapuza que ha acabado en los tribunales y ha provocado la anulación de la ordenanza municipal y la condena en costas del Ayuntamiento», ha agregado.
A su juicio, el alcalde de Piélagos «ha olvidado que su primera obligación es proteger a los ciudadanos», por lo que le ha instado a reconsiderar su actitud y adoptar medidas de inmediato para proceder a la reparación de todos los daños ocasionados en las infraestructuras y las viviendas y poner en marcha un plan de restricción del tráfico pesado en las zonas residenciales.
También ha exigido «explicaciones públicas y responsabilidades políticas» por todo lo ocurrido y el inicio de un nuevo procedimiento normativo «ajustado a la legalidad vigente».
«Barcenilla no merece este abandono institucional», ha enfatizado la portavoz regionalista, quien se ha comprometido a permanecer «al lado de los vecinos». «No vamos a permitir que la dejadez y la soberbia institucional del Gobierno de Piélagos siga castigando a las familias», ha concluido.
