El primer teniente de alcalde y portavoz del PRC en el Ayuntamiento de Liendo, Javier Villanueva, ha instado formalmente al alcalde, Juan Alberto Rozas (PP), a adoptar medidas para paliar la «grave crisis legal y económica» que vive el Ayuntamiento, tras detectar graves irregularidades legales en sendos informes del secretario-interventor y la empresa ATYS 2.0., contratada para la contabilización de los ejercicios 2022, 2023 y 2024, «reiterados incumplimientos legales, falta de control presupuestario y opacidad en la gestión municipal».
Así lo ha dado a conocer el portavoz regionalista tras registrar en el Ayuntamiento un escrito en el que urge soluciones ante las «graves deficiencias jurídicas y contables» enumeradas en dichos informes, de las que su grupo «no tenía conocimiento», a pesar de gobernar el municipio en coalición con el PP. Ha expresado por ello su «absoluto rechazo» a la forma en que el alcalde está ejerciendo sus competencias.
Entre los hechos detectados por el secretario municipal y la empresa colaboradora en tareas de contabilidad figuran la no remisión al Tribunal de Cuentas de la documentación del ejercicio 2023, incluida la Cuenta General y el fichero XML de liquidación, y la imposibilidad de cerrar contablemente el ejercicio 2024 por falta de información básica, como extractos, justificantes, nóminas y documentación fiscal.
El PRC exige al alcalde de Liendo corregir las graves irregularidades legales detectadas
Asimismo, los informes constatan una acumulación creciente de operaciones sin aplicación presupuestaria, con un saldo total que supera los 380.000 euros entre acreedores y pagos no regularizados, y una falta de transparencia y control económico que compromete la legalidad y la estabilidad financiera del Ayuntamiento.
Ante esta situación y como miembro del equipo de Gobierno en base a un pacto de coalición basado en «la lealtad institucional y el respeto a la legalidad», Villanueva ha advertido que el PRC «no va a avalar irregularidades, ni permitir que el alcalde continúe actuando al margen del marco jurídico que rige la Administración pública».
En consecuencia, ha exigido a Rozas que «asuma su responsabilidad» y ponga fin de inmediato a «esta deriva administrativa», al tiempo que ha anunciado que el PRC «extremará todas las precauciones necesarias para velar por el cumplimiento de la ley y por la defensa de los intereses generales del municipio».
