El secretario general y portavoz municipal del PSOE de Santander, Daniel Fernández, ha denunciado los problemas que, según la información recopilada por los socialistas, está acumulando la puesta en marcha del nuevo contrato de limpieza viaria y recogida de residuos, aproximadamente 100 días después del inicio del servicio por parte de la UTE Acciona-Oxital y cinco meses después de la firma del contrato.
Daniel Fernández ha recordado que se trata de uno de los contratos más importantes del Ayuntamiento de Santander, con un importe de 253,8 millones de euros durante diez años, y ha exigido al equipo de Gobierno que explique públicamente cuál es su grado real de implantación.
«Este contrato se nos presentó como un antes y un después para nuestra ciudad: nuevos vehículos, nueva maquinaria, nuevos contenedores, nuevas papeleras, mejoras en la recogida neumática y soterrada y nuevas herramientas tecnológicas para controlar el servicio», ha señalado el socialista.
Sin embargo, según los datos que maneja el PSOE, el inicio del servicio estuvo marcado por la falta de medios previstos en el nuevo contrato. «Al comienzo del servicio no estaba disponible ni siquiera el 40% de los vehículos necesarios y fue necesario recurrir a vehículos de la anterior contrata, incluidos camiones y maquinaria de 2013 y 2014. La situación llegó hasta el punto de que fue necesaria una Junta de Gobierno extraordinaria para autorizar su utilización», ha explicado.
«Han pasado cinco meses desde la firma y muchos de los plazos previstos ya se han cumplido. Las furgonetas y furgones hidrolimpiadores debían estar disponibles en los cuatro primeros meses; los camiones de equipo de gancho y plataforma, en ocho meses; los camiones recolectores, lavacontenedores y de gran tamaño, dentro de los diez meses; y las barredoras pequeñas, lavaderas y furgonetas, también en los cuatro primeros meses», ha detallado.
«El contrato de basuras afronta retrasos y problemas en su implantación»
A estos medios se suman, entre otros, las barredoras grandes, los camiones de brigadas y las cisternas de baldeo, con un plazo de hasta ocho meses; la adecuación de los cuartelillos, con un plazo de hasta dos meses; las licencias de actividad provisional y definitiva, también de hasta dos meses; la adecuación de la nave principal, en un plazo de hasta cuatro meses; la nave de transferencia, en un mes; y la implantación y retirada de los contenedores antiguos, en un plazo de hasta dos meses.
«Queremos saber qué parte de estos compromisos ya está cumplida, qué parte está pendiente y, sobre todo, qué consecuencias está teniendo para la prestación del servicio», ha reclamado.
Daniel Fernández también ha puesto el foco en la tramitación de las certificaciones del servicio. «Según la información que tenemos, la UTE no habría presentado las certificaciones correspondientes a junio, julio y agosto, y según los datos que manejamos, ya en julio se habrían acumulado penalizaciones por aproximadamente 600.000 euros», ha afirmado.
Ante esta situación, los socialistas reclaman al Ayuntamiento que detalle qué servicios se han prestado realmente, qué incumplimientos se han detectado, qué penalizaciones se han aplicado y qué cantidades se han abonado. «Tenemos una línea roja muy clara. Ni un euro de los santanderinos por un servicio que no se haya prestado», ha enfatizado Daniel Fernández.
El portavoz socialista también ha denunciado un episodio que consideran especialmente grave. «La empresa adjudicataria había elegido a tres personas para puestos de responsabilidad en la dirección y organización del nuevo servicio. Sin embargo, Gema Igual decidió que esas personas tenían que ser despedidas. Hablamos de la posible intervención política de una alcaldesa para decidir quién puede trabajar y quién no puede trabajar en una empresa privada adjudicataria del Ayuntamiento».
Los socialistas han alertado de problemas relacionados con las instalaciones necesarias para prestar el servicio. Según la información que maneja el PSOE, la nave principal no disponía de potencia eléctrica suficiente y ha sido necesario recurrir a un grupo electrógeno mientras se tramita el incremento de potencia. «Nos vendieron un servicio completamente nuevo y cien días después sigue funcionando, en parte, con vehículos antiguos, instalaciones provisionales y soluciones heredadas del contrato anterior», ha señalado.
Otro de los asuntos señalados por los socialistas es la situación de la recogida neumática. Daniel Fernández ha recordado que la central de la calle Castilla lleva fuera de servicio desde noviembre de 2025 y el Ayuntamiento contemplaba 500.000 euros durante el primer año para poner a punto el sistema. Sin embargo, según la información que maneja el PSOE, la puesta a punto podría situarse alrededor de los 960.000 euros, con unos costes de mantenimiento cercanos a 35.000 euros mensuales.
A ello se suma, según los socialistas, la problemática relacionada con los contenedores soterrados, que también estaría generando incidencias durante la implantación del nuevo servicio.
También ha puesto el foco en uno de los elementos más visibles para los vecinos: los nuevos contenedores. «Los contenedores nuevos están presentando problemas, como dificultades para introducir las bolsas por las bocas y acumulaciones de residuos en el exterior», ha explicado.
Para el portavoz socialista, esta situación plantea una cuestión fundamental: «El modelo que se está instalando es el que figuraba en la oferta presentada por la empresa. Por eso, el Ayuntamiento tiene que comprobar si aquello que funcionaba perfectamente sobre el papel funciona también cuando se instala y se utiliza todos los días en una calle de Santander».
Daniel Fernández ha querido dejar claro que los trabajadores no son responsables de la transición mal organizada. «Son los primeros que tienen que trabajar con las consecuencias de una puesta en marcha que, a nuestro juicio, no se está produciendo en las condiciones previstas», ha afirmado.
Por todo ello, los socialistas exigirán al Ayuntamiento que haga público el grado real de implantación del contrato. «Queremos saber qué se contrató, qué se está haciendo y qué estamos pagando. Estamos hablando de 253,8 millones de euros en diez años. Uno de los mayores contratos de este Ayuntamiento y un servicio que afecta cada día a todos los vecinos», ha reclamado el portavoz municipal.
«Santander no necesita otra campaña diciendo que la ciudad está más limpia. Necesita que la ciudad esté más limpia. Y desde el PSOE vamos a fiscalizar este contrato: cada euro, cada retraso y cada incumplimiento. Porque el dinero es de los santanderinos. Y cuando se gastan 253,8 millones de euros de los santanderinos, la paciencia no puede ser el sistema de control», ha concluido Daniel Fernández.
Fuente: PSOE Santander
