El Sector de Enseñanza de la Federación de UGT-Servicios Públicos ha defendido hoy, en un comunicado, la enseñanza pública de Formación Profesional (FP) en Cantabria, tras rechazar el convenio suscrito por el Gobierno regional con una universidad privada, la Universidad Europea del Atlántico (UNEATLÁNTICO).
El sindicato exige al Ejecutivo autonómico “una apuesta decidida por el desarrollo de la educación pública como única vía para garantizar la igualdad, la equidad y la calidad educativa” y recalca que “la Formación Profesional no es ni debe ser un negocio con el dinero público de toda la ciudadanía de Cantabria”.
Para UGT-Enseñanza, este convenio con la universidad privada “compromete por sí mismo el propio desarrollo de una FP en Cantabria con cada vez más alumnado, especialmente cuando debe afrontar retos como la adecuación de titulaciones, la mejora de las condiciones laborales de sus profesionales y la actualización y modernización de las aulas para los diferentes ciclos formativos ya existentes en nuestra comunidad”.
“Antes que entregar dinero público a una universidad privada para impartir FP, habría que resolver que el profesorado técnico de FP sufra una desigualdad salarial inaceptable desde hace años, o que las titulaciones ofertadas no solo respondan a criterios economicistas, sino que atiendan la demanda real del alumnado, evitando que haya familias profesionales saturadas por su gran demanda y con amplias opciones laborales”, añade UGT-Enseñanza.
En relación con esta última reivindicación, el sindicato señala como ejemplo la familia profesional sanitaria, “donde más se aprecian los efectos de la privatización de la FP, porque ante la nula inversión para su implantación y desarrollo en centros públicos, el alumnado interesado en cursar esta formación queda fuera por las elevadas notas de corte debido a la falta de plazas disponibles”.
“A este alumnado no le queda otra opción que recurrir a la oferta educativa privada, después de que la Consejería de Educación haya otorgado la titularidad a centros privados para que sean ellos quienes impartan esta formación profesional, con el doble de coste económico subsiguiente para las familias cántabras y sus hijos e hijas”, añade el sindicato.
UGT matiza que existen cuatro grados superiores de la familia profesional sanitaria (Audiología Protésica, Dietética, Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear, y Prótesis Dentales) que “en Cantabria solo se pueden estudiar en centros privados”.
La FP pública garantiza igualdad y calidad, frente a convenios con privados
El sindicato demanda ampliar las enseñanzas sanitarias a otros centros educativos públicos, además de solucionar “la carencia de ciclos formativos para personas trabajadoras muy necesarias en los servicios públicos”.
“Como se ha puesto de relieve este verano con los incendios forestales, es más que necesario implantar en centros educativos públicos la titulación de Técnico Superior en Coordinación de Emergencias y Protección Civil, ya que en el norte de España solo se imparte en Vitoria”, subraya el Sector UGT-Enseñanza en Cantabria.
Para el sindicato, “se debe potenciar la enseñanza de FP en modalidad virtual, que apenas ha aumentado (de 23 a 25 cursos entre 2022-2023 y 2025-2026), ampliar estudios en muchas familias profesionales, como en los servicios a la comunidad, que es una de las más demandadas, e incorporar ciclos de técnico superior”.
Necesidad de ciclos de técnico superior
“En Cantabria son muchos los ciclos de técnico superior pendientes de implantar, como el de Técnico Superior en Promoción de Igualdad de Género, Técnico Superior en Formación para la Movilidad Segura y Sostenible, Técnico Superior en Mediación Comunicativa o Técnico Superior en Animación Sociocultural y Turística”, agrega UGT-Enseñanza.
En este sentido, el sindicato recuerda que “cuando estaba en la oposición, la actual presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, defendió una enmienda en el Parlamento para reconocer el Grupo B de Técnico Superior en la ley de Función Pública y ahora tiene la oportunidad de hacerlo en los próximos Presupuestos de la Comunidad Autónoma”.
“La implantación del Grupo B, como ya se ha hecho prácticamente en todas las comunidades autónomas, daría la posibilidad de que las personas trabajadoras con título de grado superior en FP puedan acceder a prestar servicios en cualquier ámbito público de nuestra comunidad en un puesto acorde a su titulación”, explica el sindicato, que critica que “actualmente se ven condenados a acceder exclusivamente a plazas del grupo C, para las que se exige menor titulación”.
El sindicato puntualiza que “esta incongruencia tiene dos consecuencias importantes: por un lado, personas sobrecualificadas desempeñan puestos inferiores a su formación, lo que les impide la promoción interna por falta de encuadramiento; por otro, se ocupan plazas que corresponden a personas con menor titulación y competencias, las del grupo C”.
