Recordemos que el RDL introdujo importantes cambios en la cotización del colectivo de trabajadores autónomos en 2019. En concreto, el artículo 7 de la nueva norma, establece que la formación profesional cotiza en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social (RETA) al tipo 0,1%. Lo que se traduce en una aportación anual de 11,5 euros por trabajador autónomo dado de alta en el RETA. Sin embargo, esta cotización no garantiza el acceso a programas de formación para los autónomos, dejando a este colectivo al margen de la posibilidad de mejorar sus competencias y adaptarse a las demandas del mercado.
Desde UPTA denunciamos que esta situación deja fuera de los cauces formativos a los trabajadores por cuenta propia en nuestro país, creando un agravio comparativo con aquellos trabajadores que tienen derechos consolidados, como son los trabajadores por cuenta ajena, a los empresarios que quieren ofrecer a sus trabajadores Formación de Demanda Profesional para el Empleo.
UPTA critica la gestión de 32 millones para formación de autónomos
Para UPTA esta situación es insostenible; no podemos obligar a los autónomos a mantener una cotización por formación en la Seguridad Social, sin trasferir esos fondos al Ministerio de Trabajo y Economía Social para poder desarrollar una auténtica planificación formativa adecuada al colectivo a través de FUNDAE, de esta forma estamos impidiendo una auténtica transformación del tejido productivo a través de la formación en nuestro país. Desde UPTA, reclamamos una gestión eficiente de los recursos destinados a la formación para que el colectivo autónomo pueda beneficiarse de la misma forma que otros trabajadores del sistema, asegurando así la igualdad de oportunidades en el desarrollo de sus capacidades y competencias profesionales.
Eduardo Abad, presidente de UPTA, señala que “la formación es la base de la transformación productiva en familias profesionales que necesitan de una constante actualización de conocimientos para poder competir en un mercado de trabajo en movimiento. Privar al colectivo de estas posibilidades es un error muy grave y que va en contra de nuestro propio desarrollo económico, es no entender en funcionamiento ni los ejes de la competitividad y, desde UPTA, estamos dispuestos a interponer cuantas acciones legales sean necesarias para que estos recursos, que son finalistas, lleguen al colectivo que cotiza por ellos”.
