Paula Fernández asegura que el servicio «está peor que nunca» y la Consejería tiene «herramientas jurídicas suficientes para actuar frente a los incumplimientos»
La diputada y portavoz del PRC en materia sanitaria, Paula Fernández, ha exigido hoy al consejero de Salud, César Pascual, la resolución «inmediata» del contrato del transporte sanitario programado ante la acumulación de incidencias por incumplimientos de la empresa adjudicataria (Diavida).
«El servicio está peor que nunca y el Gobierno debe actuar». Así lo ha asegurado la parlamentaria tras presentar una proposición no de ley en la Cámara, con la que insta al Ejecutivo a elaborar un informe jurídico, en un plazo de 15 días, para analizar las causas de resolución previstas en los pliegos de condiciones con los que se adjudicó este servicio el año pasado, «en especial las relativas al incumplimiento de las obligaciones de prevención de riesgos laborales».
Según ha explicado Fernández, desde que Diavida asumió la gestión el pasado 1 de octubre el transporte programado ha estado «plagado de incidencias» que han provocado un deterioro «muy significativo», tanto para los pacientes como para los trabajadores. «Las quejas han sido constantes y el comité de empresa ha denunciado reiteradamente incumplimientos contractuales, que le han llevado incluso a formalizar una reclamación ante el Orecla», ha precisado.
PRC demanda solución urgente para el transporte sanitario programado
Por ello, ha recordado que el pliego del contrato contempla la imposición de penalidades en el caso de no alcanzar los objetivos establecidos en los indicadores de seguimiento, situación que se viene produciendo «de manera reiterada».
«Han pasado más de tres meses desde que Diavida comenzó a prestar un servicio más que deficiente y el Gobierno debe actuar sin más demora para garantizar que se cumplan las obligaciones contractuales y restablecer la calidad perdida por el servicio», ha agregado la regionalista.
A su juicio, en este momento se dan todas las condiciones previstas en el trámite de adjudicación para que la Administración autonómica tome medidas «contundentes» y proceda a la resolución del contrato «reiteradamente incumplido por la adjudicataria».
Por todo ello, Paula Fernández espera que el Ejecutivo adopte medidas urgentes «en defensa de los derechos de los pacientes y los trabajadores», para corregir la situación y garantizar un transporte sanitario programado eficiente y de calidad.
