El Boletín Oficial de Cantabria (BOC) ha publicado hoy la Ley de Simplificación Administrativa de la comunidad autónoma, que establece por primera vez el deber general de promover la simplificación, reducir la burocracia y los trámites innecesarios para poner fin a los procedimientos eternos en el seno de la Administración autonómica y local, hacer la vida más fácil a empresas y ciudadanos, y, en definitiva, facilitar con todo ello el crecimiento económico y la creación de empleo en nuestra región.
En general, tras esta publicación, las medidas de carácter normativo recogidas en el Título Sexto de la nueva ley, que modifican varias leyes y decretos autonómicos, serán de aplicación inmediata desde mañana, al igual que las medidas generales recogidas en los Títulos Preliminar y Primero a Quinto de la Ley, salvo que requieran desarrollo reglamentario, en cuyo caso habrá que estar a los plazos específicos que recoge la propia norma.
Por su parte, el Ejecutivo ya ha iniciado los trabajos de redacción de los decretos de desarrollo de la ley, como pueden ser los relativos a la adaptación al nuevo régimen de silencio positivo o para la reducción de los plazos de los procedimientos, así como para el cumplimiento del resto de las obligaciones que se derivan de la ley, como pueden ser la aprobación de nuevos formularios o la aprobación de un plan de simplificación administrativa, que deberán estar aprobados en su mayoría en un plazo reducido, de entre 3 y 6 meses, a partir de la entrada en vigor.
Además de este desarrollo, la consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia, ha informado hoy que la nueva ley propicia la creación de una «red proactiva permanente» dentro del Gobierno cántabro para continuar los procesos de simplificación administrativa, que identifiquen nuevas dilaciones indebidas y mantener actualizadas las relaciones de procedimientos administrativos.
La Ley de Simplificación Administrativa entra en vigor en Cantabria
Tras la entrada en vigor de la norma, se seguirá también promoviendo la colaboración con organizaciones profesionales, empresariales y sociales y nuevas iniciativas de simplificación, potenciando el intercambio de información entre administraciones, así como jornadas y acciones formativas para los agentes y personal implicados.
«Por fin la simplificación administrativa ha llegado a Cantabria para quedarse, porque el objetivo va a seguir siendo hacer la vida más fácil a los ciudadanos en su relación con la administración; esta es la única razón que mueve al Gobierno de Cantabria», ha valorado la consejera de Presidencia.
«Momento histórico»
Urrutia ha celebrado la entrada en vigor de la ley, «la más avanzada del país» y con la que el Gobierno cumple con «uno de los principales proyectos» de legislatura. Por eso, ha calificado el día de hoy de «momento histórico», ya que la norma hará realidad que la Administración autonómica «no sea un freno para los ciudadanos y sea una herramienta de colaboración con empresarios y autónomos».
«Es el revulsivo que nuestra comunidad autónoma necesitaba y estaba clamando, y este gobierno la ha impulsado en un tiempo record a pesar de su amplio alcance y complejidad», ha subrayado Urrutia.
Por último, la consejera ha puesto el acento en la participación en la elaboración de la nueva ley, que ha contado con aportaciones de amplios sectores económicos y sociales. Es una ley «que nace la sociedad cántabra», ha señalado.
Contenido de la ley
Entre los avances que supondrá la nueva ley autonómica, se establece el deber general de simplificación, lo que lleva aparejado la reducción de trámites y cargas, la reducción de los plazos de resolución y la eliminación de la exigencia de aportación de documentación.
Se generaliza el silencio positivo, excepto si una ley nacional o de derecho europeo lo determina desestimatorio, y se establece la obligación en todos los procedimientos de la utilización de las declaraciones responsables o comunicaciones, siendo solo residual la licencia o autorización cuando lo diga otra norma de rango superior.
La nueva ley reduce los plazos de los procedimientos: como regla general, resolverá en 3 meses, y se establece la gestión coordinada de los mismos, a través de un marco de trabajo instrumental, organizativo y temporal para el ejercicio de las competencias.
Además, el plazo de emisión de informes y dictámenes es de 10 días y, en el caso de no ser vinculante, se podrá seguir con la tramitación del procedimiento, incluida su resolución. El Gobierno cántabro también eliminará la duplicidad de los controles innecesarios y la solicitud conjunta de los informes, no condicionando uno a otro, y habrá modelos normalizados de utilización obligatoria y se elaborarán guías y protocolos de cada procedimiento.
Proyectos estratégicos
La nueva ley regula la unidad de mercado, como libre acceso a la actividad económica en las mismas condiciones que en todo el territorio nacional, y crea un marco de tramitación preferente para fomentar la actividad productiva y el empleo mediante la declaración de inversiones empresariales de carácter estratégico, tanto respecto a proyectos de promoción pública como privada.
Con ello, se reducirán plazos y se accederá de forma preferente a incentivos a la inversión o líneas de financiación, entre otros beneficios, en atención a su contribución a la reactivación económica. La unidad aceleradora de proyectos, adscrita a la Presidencia del Gobierno, llevará la gestión de estas iniciativas.
Con el fin de ofrecer las oportunas garantías, la Ley regula las entidades colaboradoras de certificación, acreditación y registro para agilizar los trámites que se deben presentar ante la administración pública, y establece un régimen sancionador para dotar de mayor seguridad jurídica a las declaraciones responsables y comunicaciones.
Modificaciones normativas
Por otro lado, se introducen mejoras normativas para eliminar trámites innecesarios y agilizar los tiempos de respuesta relacionados, por ejemplo, con los procedimientos de los planes de autoprotección de protección civil, en materia de autorizaciones de aguas, o en salud, para el reconocimiento de la condición de autoridad del personal sanitario.
Igualmente, se eliminan trámites en la organización campamentos y actividades para jóvenes, para la obtención del carné joven o en el proceso de reconocimiento de la condición de familia monoparental.
En materia de servicios sociales, se reducen los tiempos de espera con el reconocimiento de la discapacidad, otorgando de forma automática por grado de dependencia un grado de discapacidad: en grado I, un 33 por ciento; grado II, un 66 por ciento de discapacidad, y en grado III, el 80 por ciento de discapacidad, eliminando el doble trámite.
La norma introduce medidas para el impulso de la construcción de vivienda libre y protegida para hacer frente al grave problema que existe en el país. Así, se introduce la posibilidad de favorecer a través de proyectos de interés regional (PSIR) la construcción de grandes equipamientos que lleven aparejados la construcción de más vivienda libre y protegida o incluso un gran equipamiento público de interés regional, como un instituto o un hospital.
La norma recoge la aprobación de un Plan de Simplificación en 6 meses, la revisión de los silencios y los plazos de resolución, la creación de un grupo de trabajo en la materia, la emisión de informes anuales de evaluación de los cumplimientos, junto a reconocimientos específicos para las entidades y departamentos que más simplifiquen.
La norma será de aplicación a la Administración autonómica como a su sector público institucional y también en la administración local de Cantabria.
