Podemos Cantabria se hace eco de los últimos datos que arroja el Ministerio del Interior, que son demoledores: en Cantabria hay 1.595 casos activos de mujeres víctimas de violencia de género, y 812 de ellas tienen menores a su cargo. Detrás de estas cifras se esconden vidas amenazadas, familias rotas y una sociedad que sigue sin reaccionar con la contundencia que merece la violencia machista.
«Cada una de esas mujeres tiene nombre, rostro e historia. No podemos permitir que se nos reduzca a una estadística en el sistema VioGén», ha señalado Mercedes González, coordinadora autonómica de Podemos Cantabria. «El sistema actual falla. No basta con detectar los casos: hay que garantizar protección real y efectiva. Cuando hablamos de 227 situaciones catalogadas de especial relevancia —12 de ellas en riesgo alto—, hablamos de mujeres cuya vida pende de un hilo mientras las instituciones miran para otro lado y nos informan de los datos».
La violencia de género no puede ser solo cifras, sino protección real y urgente
Desde Podemos Cantabria se advierte del riesgo extremo en el que se encuentran también los menores: 21 de ellos están ya identificados en situación de riesgo, uno en nivel alto y 20 en nivel medio. «Estamos hablando de niñas y niños que crecen rodeados de violencia, que la sufren de manera directa o indirecta. No solo se destroza la vida de las mujeres, también la de sus hijos e hijas. Esto es una emergencia social que debería estar en el centro de la agenda política», ha insistido González.
La formación morada recuerda que el sistema VioGén, que debería ser un escudo para las víctimas, se ha convertido en demasiados casos en un registro frío que acumula números sin garantizar la protección necesaria. «La violencia machista mata. Y mientras seguimos contabilizando, las instituciones siguen llegando tarde. No es tolerable. No podemos permitirnos más minutos de silencio, necesitamos acción inmediata y recursos suficientes», ha afirmado la coordinadora autonómica.
«Las mujeres de Cantabria no necesitamos compasión ni estadísticas, necesitamos protección, acompañamiento y justicia. Cuando el Estado no responde, nos deja a merced de los agresores. Y eso es responsabilidad política directa», ha concluido González.
