El comité de empresa del Gobierno de Cantabria (UGT, CCOO, SIEP, CSIF, TU, INDEPENDIENTES y SUC) va a interponer dos nuevas demandas judiciales por conflicto colectivo contra la Administración autonómica por vulneración de derechos sindicales y una sobre cotización a la Seguridad Social de más dos centenares de bomberos forestales, que han visto reducida su nómina del pasado mes de diciembre en una media de entre 500 y 700 euros del salario.
Según explicaron hoy en una rueda de prensa portavoces del órgano sindical del personal laboral de la Administración General del Gobierno de Cantabria, integrado por 2.300 personas trabajadoras, estas dos demandas por conflicto colectivo, que se unen a la ya interpuesta por la bolsa de empleo de sustituciones, reafirman que «la negociación colectiva está rota».
«Tenemos un problema de negociaciones totalmente rotas, de falta de información y, sobre todo, de falta de diálogo porque estamos dispuestos a negociar pero siempre se nos convoca a reuniones donde nos ponen condiciones absurdas para generar confusión y conflicto», precisó la presidenta del comité de empresa del Gobierno de Cantabria, Rebeca Marqué (UGT) en referencia a la Consejería de Presidencia que tutela las relaciones laborales del personal del Ejecutivo autonómico.
«Sindicatos critican al Gobierno de Cantabria por falta de diálogo y transparencia»
Los sindicatos aclararon al respecto que, tras una reunión celebrada este pasado miércoles 28 de enero, el comité de empresa decidió por unanimidad interponer estos dos conflictos colectivos después de que la Consejería de Presidencia convocara una reunión de negociación con limitaciones para que pudieran estar representadas todas las organizaciones sindicales.
La presidenta del comité de empresa del personal laboral de la Administración General del Gobierno de Cantabria aclaró «ya es habitual que no se nos informe, que no se entregue la documentación requerida a la que tenemos derecho y todavía no se nos ha explicado el motivo para detraer una considerable cuantía económica de las nóminas de los bomberos forestales».
Veinte días hábiles para informar
Según matizó la sindicalista, en la demandas por conflicto colectivo que se interpondrán ante el Juzgado de lo Social se dará un plazo de 20 días hábiles al Gobierno de Cantabria para que facilite la información y la documentación que se ha solicitado.
Marqué criticó que «va a acabar la legislatura y el personal laboral del Gobierno de Cantabria sigue sin mejora de salarios y con condiciones laborales desfasadas, cuando vemos otros acuerdos y pactos que sí los han mejorado, como los suscritos para el personal del Servicio Cántabro de Salud o el de Justicia».
«No sabemos nada de la nueva Ley de Función Pública, del dinero destinado que no se ha gastado en una jubilación parcial anticipada o un convenio colectivo que siguen sin resolverse, tenemos todavía las ofertas públicas de empleo de 2023 y 2024 con categorías sin terminar y, además, mantenemos el conflicto colectivo por la bolsa de empleo para la sustituciones con una escasez de personal preocupante, como la que hemos denunciado en servicios sociales», agregó la presidenta del comité de empresa del Gobierno de Cantabria.
Los portavoces del órgano sindical del personal laboral del Gobierno de Cantabria agregaron a estos conflictos de negociación colectiva su crítica a que «este Gobierno no apuesta por la inclusión» en relación a la oferta pública de empleo destinada a personas con discapacidad intelectual (un 2% de las plazas); que sigue sin fecha, un temario adaptado, ni puestos y tareas adaptados, ni con el personal de integración social que requieren para realizar su trabajo.
