El diputado y portavoz del PRC en materia de Turismo, Javier López Marcano, ha augurado hoy que el decreto regulador de las viviendas de uso turístico (VUT) aprobado por el Gobierno de Cantabria «no va a servir para nada», porque «crea más problemas de los que resuelve y desvía a los ayuntamientos no sólo la responsabilidad, sino también la gestión de unas competencias que no están en condiciones de ejercer».
«La convocatoria tardía, con el decreto ya en vigor, y la escasa afluencia de alcaldes a la reunión celebrada ayer con la Consejería es un claro exponente de que la regulación promovida por el Ejecutivo del PP parece condenada al fracaso». Así lo ha asegurado el regionalista, para quien este decreto «conduce al desorden en lugar de ordenar» y «pone en un auténtico brete a los municipios, cuando no ostentan ninguna competencia en materia turística». «La regulación y el control del turismo es responsabilidad exclusiva del Gobierno y no puede echar balones fuera», ha enfatizado.
Por ello, ha instado a la Consejería a entablar conversaciones bilaterales e inmediatas con cada uno de los municipios para buscar «soluciones factibles, eficientes y adaptadas a una realidad que no es igual en todos los sitios».
En este sentido, ha lamentado que haya esperado a la entrada en vigor del decreto para mantener el primer contacto con los ayuntamientos, celebrado ayer, después de «ignorar todas las aportaciones planteadas durante la fase de información pública, que concluyó sin un solo cambio en el borrador inicial presentado».
Las VUT agravan la situación y generan más problemas que los que resuelven
En estas condiciones, López Marcano ha considerado «comprensible» la reticencia demostrada por los ayuntamientos ante la reunión de ayer, a la que apenas asistieron 30 de los 102, lo cual pone de manifiesto la necesidad de encuentros bilaterales para abordar la situación particular de cada uno de ellos.
Por otro lado, ha asegurado que la inclusión de personas jurídicas como posibles titulares de las viviendas turísticas, hasta limitadas a las personas físicas, supone «un claro riesgo» para el sector, dado que «abre la puerta a la llegada de fondos o corporaciones que pueden adquirir edificios enteros y crear en ellos grandes complejos de alojamiento turístico».
También ha cuestionado que los trámites de adaptación al nuevo decreto sean obligatorios para quienes ya regentaban viviendas turísticas «perfectamente legales y adaptadas a la normativa» y que a partir de ahora se ven obligados a «más papeleo y burocracia».
López Marcano ha recordado además que el Gobierno de Cantabria «sigue sin cumplir» el compromiso incluido en el pacto presupuestario de este año, a instancias del PRC, para reforzar la plantilla del servicio de inspección turística con 6 nuevos profesionales.
A su juicio, este «incumplimiento» y las «numerosas carencias» de la regulación aprobada evidencian que el Gobierno de Cantabria ha optado por «un decreto para salir del paso», con el único fin de «camuflar que no está respetando el acuerdo firmado por la presidenta Buruaga con el PRC».
