La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, junto con ACAIP-UGT, ha llevado a cabo este martes, 15 de julio, una concentración a las puertas del centro penitenciario de El Dueso tras la agresión sexual sufrida por una psicóloga en la prisión de Sevilla II.
Esta movilización se enmarca en una serie de protestas que se celebrarán en todos los centros penitenciarios dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, a raíz de los graves hechos ocurridos el pasado 8 de julio en el centro penitenciario de Sevilla II (Morón). En este incidente, una trabajadora del centro fue agredida física y sexualmente por un interno con numerosos antecedentes por violencia y delitos sexuales, pese a encontrarse, de forma inexplicable, en un módulo de “respeto”.
El deterioro del sistema penitenciario agrava la inseguridad de los trabajadores
Los sindicatos han recalcado que este tipo de hechos no son aislados y que, en los últimos años, se han incrementado las agresiones físicas y sexuales contra las trabajadoras y trabajadores penitenciarios. Según los datos que manejan, en los centros penitenciarios españoles se produce una agresión cada 16 horas, superándose el millar en los últimos dos años.
Ante esta creciente conflictividad, los convocantes exigen a los responsables la adopción de medidas urgentes y eficaces. Entre sus reivindicaciones figuran la revisión y mejora de la clasificación interior de los internos, la depuración de responsabilidades, la dotación de sistemas adecuados de emergencia y aviso ante incidentes y el reconocimiento legal como agentes de autoridad de las empleadas y empleados públicos penitenciarios.
Asimismo, denuncian que estos hechos evidencian un deterioro estructural del sistema penitenciario, derivado de una política de clasificación interna que, a su juicio, prioriza los intereses estadísticos frente a la realidad penitenciaria, especialmente en un contexto de aumento de la población reclusa. “Tolerar esta situación es normalizar la violencia institucional y vulnerar el derecho a un trabajo seguro. No se trata solo de apoyar a una compañera, sino de defender la dignidad, la seguridad y las condiciones laborales de todo el colectivo”, han señalado.
