La formación denuncia que el Ayuntamiento de Santander no ha respondido a su solicitud de documentación sobre las 107 viviendas de Primero de Mayo.
Podemos Cantabria ha presentado una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno contra el Ayuntamiento de Santander por no facilitar la documentación relativa a las viviendas de alquiler asequible de Primero de Mayo, en Peñacastillo.
La formación registró el pasado 5 de mayo una solicitud de acceso a información pública para conocer los convenios, acuerdos, expedientes administrativos e informes técnicos y jurídicos relacionados con las promociones impulsadas por la Obra Social “la Caixa”, CaixaBank o entidades vinculadas.
La petición afecta a 107 viviendas incluidas en este programa de alquiler asequible: 70 entregadas en 2013 y otras 37 en 2016. Según Podemos, los inmuebles fueron promovidos originalmente por la Obra Social “la Caixa” y han acabado en manos de Mosaic, una sociedad vinculada a una estructura inversora radicada en Luxemburgo.
La formación asegura que, al no recibir respuesta municipal dentro del plazo legal, ha decidido elevar el caso al Consejo de Transparencia. Pablo Gómez, miembro del Consejo Ciudadano de Podemos Cantabria, critica que el Ayuntamiento no entregue “el convenio que explica qué se firmó y qué garantías tenían las familias”.
Podemos quiere conocer las garantías de las viviendas asequibles y las condiciones de venta
Podemos mantuvo este miércoles un encuentro con vecinos afectados, que trasladaron su preocupación por el futuro de sus hogares después de que las viviendas, presentadas en su día como una iniciativa de alquiler asequible, hayan terminado en manos de una sociedad inversora.
La formación señala que quiere conocer durante cuánto tiempo debía mantenerse el alquiler asequible, si existían limitaciones a la venta, derechos de tanteo o retracto y qué obligaciones asumieron las partes cuando se presentó el proyecto como una iniciativa social.
Podemos defiende que la documentación solicitada afecta a una política pública de vivienda y a actuaciones en las que participó una administración, por lo que considera que existe interés ciudadano en conocer el expediente.
Gómez advierte además de la incertidumbre que, según la formación, genera el cambio de propiedad para las familias residentes. “Si todo se hizo correctamente, no debería haber ningún problema en enseñar los documentos”, concluye Podemos.
