El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) ha comunicado a Podemos Cantabria la admisión a trámite de su denuncia y la apertura de un expediente de reclamación contra la Consejería de Sanidad, tras considerar que existen indicios suficientes de que el departamento dirigido por César Pascual no ha facilitado la información pública exigida por ley sobre el polémico convenio sanitario con el Hospital Santa Clotilde.
La decisión del CTBG llega después de que Podemos solicitara, el pasado mes de octubre, el expediente completo del convenio que externaliza parte de la actividad sanitaria pública en favor del centro privado. Sin embargo, la Consejería se limitó a enviar un enlace al Boletín Oficial de Cantabria, ocultando todos los documentos previos que justifican la operación.
Según Podemos, la opacidad de la Consejería es especialmente preocupante porque el convenio firmado con el Hospital Santa Clotilde compromete 15,9 millones de euros anuales durante 16 años, prorrogables hasta 20, lo que supone un gasto total de entre 256 y 320 millones de euros de fondos públicos.
Transparencia y Buen Gobierno investiga a la Consejería de Sanidad
La formación advierte, además, de que esta externalización masiva puede suponer un menoscabo directo de los servicios del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, centro sanitario de referencia, cuya protección y fortalecimiento están expresamente reconocidos en el Estatuto de Autonomía de Cantabria, que obliga a garantizar su continuidad, capacidad asistencial y desarrollo como pieza estratégica del sistema público.
Para Mercedes González, Coordinadora Autonómica de Podemos Cantabria, “estamos ante uno de los mayores compromisos de gasto sanitario de las últimas décadas, aprobado sin publicar ni entregar las memorias, informes y estudios que exige la ley. Es una externalización masiva hecha sin transparencia, a espaldas de la ciudadanía y con un enorme impacto en la sanidad pública. No nos vamos a quedar mirando mientras se destruye nuestro sistema sanitario. Vamos a llegar hasta el final”.
El Consejo de Transparencia ha dado ahora traslado formal a la Consejería, que deberá remitir sus alegaciones y explicar por qué no entregó la documentación requerida. El expediente continúa abierto y podría obligar al Gobierno de Cantabria a entregar toda la información.
